El reciente rechazo en el Senado de las postulaciones a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que apenas se esbozaran las razones, ha desnudado con crudeza el estado de indigencia institucional que campea en los órganos constitucionales de nuestra patria.
El inicio de esta triste revelación fue la inexplicable nominación del magistrado federal Dr. Ariel Lijo como candidato a juez del máximo tribunal, en la que porfió el Poder Ejecutivo a pesar de las fundadas objeciones a sus cualidades técnicas y morales expresadas por numerosas entidades, entre ellas, PROFESORES REPUBLICANOS .
El Senado, por su parte, tuvo en estudio durante más de un año los pliegos de ambos candidatos, el nombrado Dr. Lijo y el Dr. Manuel J. García-Mansilla. En ese lapso, eran evidentes las negociaciones de miembros de esa cámara y de los líderes políticos de sus partidos procurando obtener ventajas y favores en otras designaciones pendientes en el Poder Judicial de la Nación.
Durante el pasado mes de febrero, el Poder Ejecutivo, ante la inacción del Senado -que ni siquiera trataba las postulaciones que tenían despacho en la Comisión incumbente- optó por designar a ambos candidatos por decreto, echando mano a una disposición constitucional que lo autoriza durante el receso ordinario del Congreso y hasta su finalización. Uno de los candidatos -García-Mansilla- asumió con la aquiescencia del supremo tribunal, que le tomó juramento. El Dr. Lijo prefirió no hacerlo para evitar su renuncia como juez federal.
Como si faltara más desquicio, a poco de tomar su cargo provisional el Dr. García-Mansilla, el juez federal de La Plata y desembozado militante del kirchnerismo, Dr. Alejo Ramos Padilla, dio trámite -y ulteriormente hizo lugar- a un amparo que prohibía su actuación jurisdiccional, ignorando que, como dijimos, la Corte Suprema de Justicia lo había incorporado formalmente tomándole juramento.
La renuncia presentada ayer por el Dr. García-Mansilla, aunque pone fin a esta vergonzosa saga, deja nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el límite de su funcionalidad y a los tres poderes constitucionales, en la necesidad de una profunda revisión de la calidad moral y técnica de sus integrantes.
PROFESORES REPUBLICANOS insta al Poder Ejecutivo Nacional a postular como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales inferiores a personas de incuestionables idoneidad y solvencia moral.
PROFESORES REPUBLICANOS solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pronunciarse con severidad sobre el conato golpista urdido por un juez inferior públicamente enlistado en lo más sórdido de la política para alterar el funcionamiento de un poder del Estado.
PROFESORES REPUBLICANOS urge a la ciudadanía de la Nación Argentina para que en las próximas elecciones de octubre determine con su voto la renovación sustancial del Poder Legislativo, nutriéndolo de personas debidamente capacitadas y genuinamente comprometidas con el servicio a la Patria.
Buenos Aires, 07 de abril de 2025
| Prof. Alfredo M. Vítolo Secretario |
Prof. Guillermo J.H. Mizraji Presidente |