Profesores Republicanos expresa su honda preocupación ante la opinión pública por un nuevo y claro ejemplo de la falta de vigencia del Estado de derecho en la República Argentina, como ha demostrado ser el caso Oyarbide.
En el año 2016, el Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia por jubilación del entonces juez federal Norberto Oyarbide. Por ese motivo, el Consejo de la Magistratura archivó todos los pedidos de destitución en virtud de los cuales se investigaba su conducta, pedidos estos que, en su mayoría, guardaban relación con su mal desempeño en causas de corrupción de gobiernos anteriores.
Para una enorme porción de la opinión pública argentina y de observadores internacionales, no hay duda de que Norberto Oyarbide se llevó a su lecho de muerte abundante información sobre problemas que afectan a la clase política y al Poder Judicial, además de haber eludido el principio de igualdad ante la ley.
Profesores Republicanos considera que, aun cuando el magistrado haya renunciado, el archivo de este tipo de expedientes obedece a un criterio erróneo, dado que el esclarecimiento de hechos de corrupción que involucren a aquellos es condición esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en que su bienestar dependerá del cumplimiento de la ley y no del favor político.
Recuérdese, análogamente, que fueron los juicios por la verdad sobre los actos de terrorismo de Estado cometidos por la última dictadura los que dieron el puntapié inicial para la posterior declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, pese a que los tratados internacionales ya clarificaban el asunto desde hacía muchos años.
Profesores Republicanos denuncia esta grave violación de los principios y valores constitucionales y exige que se tomen medidas eficaces que permitan garantizar la igualdad ante la ley y el respeto de nuestra Constitución, tanto por parte de magistrados como del resto de los habitantes del país.
En tal sentido,
Profesores Republicanos advierte sobre la urgente necesidad de establecer una disposición legal -vía Congreso Nacional o resolución reglamentaria del Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento- en virtud de la cual las investigaciones por mal desempeño o inconductas administrativas contra los magistrados deban seguir su curso en resguardo del debido proceso, sin perjuicio de su renuncia al cargo.
Buenos Aires, 03 de septiembre de 2021
Prof. Alfredo M. Vítolo Secretario |
Prof. Guillermo J.H. Mizraji Presidente |